El trágico accidente ferroviario del domingo 18 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba) ha segado la vida de al menos 40 personas —una cifra que, desgraciadamente, aún no esta cerrada y podría aumentar en las próximas horas mientras continúan las labores de rescate y se accede a los vagones más afectados— y ha dejado más de 150 heridos, varios de ellos graves en UCI, tras el descarrilamiento de los últimos vagones de un tren Iryo (Málaga-Madrid) que invadió la vía contigua y chocó brutalmente contra un Alvia (Madrid-Huelva) a unos 200 km/h.
Este no es un suceso fortuito ni imprevisible: es el más grave en España desde Angrois en 2013, y representa una herida abierta en la confianza de millones de usuarios que confiaban en la seguridad de nuestra alta velocidad.
Lo que indigna hasta lo más profundo es que las alertas estaban ahí desde hace más de un año. Adif notificó públicamente al menos ocho incidencias técnicas en el tramo Adamuz-Villanueva de Córdoba entre julio de 2024 y diciembre de 2025, principalmente fallos en señalización, catenaria e infraestructura, que generaron retrasos y fueron reconocidas incluso en el Senado. El sindicato de maquinistas SEMAF alertó formalmente en agosto de 2025 sobre vibraciones intensas, desgaste irregular en las vías y «botes» que ponían en riesgo la estabilidad, solicitando reducir la velocidad en varios tramos de alta velocidad. Esas advertencias, publicadas y documentadas, no se tradujeron en medidas preventivas suficientes.
A pesar de que la vía fue renovada en mayo de 2025 con una inversión millonaria y el tren Iryo era prácticamente nuevo, el descarrilamiento en una recta evidencia que el mantenimiento y la supervisión han sido claramente insuficientes ante el aumento del tráfico tras la liberalización. Mientras se celebraba la competencia comercial y se inauguraban nuevas líneas, la red existente —la que usamos a diario— quedó expuesta a un deterioro que expertos y trabajadores ya denunciaban en 2025. El ministro Óscar Puente lo calificó de “tremendamente extraño”, pero lo verdaderamente extraño —y doloroso— es que tantas señales de alarma fueran ignoradas o minimizadas.
Esto es lo que pasa cuando se prima la velocidad, el consumismo y la sobreexplotación del sistema por encima de la seguridad: el capitalismo puro y duro que convierte la alta velocidad en un negocio récord de pasajeros y beneficios, mientras la infraestructura sufre un tráfico multiplicado por la liberalización sin el mantenimiento proporcional que exige. Se han disparado un 42% los usos de la red y un 50% los viajeros desde la entrada de operadores privados, pero la inversión en conservación ha quedado rezagada, priorizando la expansión y la competencia sobre la protección de vidas. Basta de excusas, de minutos de silencio y de lutos oficiales que duran tres días.
Exigimos responsabilidades políticas y técnicas inmediatas y claras: Adif, Renfe, el Ministerio de Transportes y el Gobierno deben rendir cuentas sin dilaciones ni informes eternos que diluyan culpas. No toleraremos que se tiren la piedra unos a otros, que se escuden en lo “técnico” o en lo “extraño” para evitar asumir negligencias acumuladas. Las familias de las víctimas merecen verdad, justicia y garantías de que nunca más una infraestructura con antecedentes conocidos opere a plena velocidad sin correcciones reales. No puede volver a pasar. No lo permitiremos. Punto.
La liberalización sobrecarga la red.
La rebaja de precios favorece una sobreutilización.
La sobrecarga y la sobreutilización precisan de un mantenimiento adecuado, más amplio y continuo.
Si se utilizan 700 millones para adaptación y mejora, ¿son 700 millones efectivos? ¿hemos de deducir un 1,5%, un 3%, un 5%? La adaptación y mejora ha quedado reducido, pues. ¿De dónde se ha reducido?