El gobierno y sus redes mediáticas hablan mucho de los derechos reproductivos, de igualdad, de paridad y de libertad personal. Pero nunca de un tema básico: cómo hacer posible que una pareja forme un hogar, tenga hijos y no sienta que está entrando en un castigo económico, laboral y vital. Ahí está una de las grietas más serias de España. Porque sin descendencia no hay Imperio, ni Nación, ni Patria, ni familia, ni futuro, ni siquiera a quién transmitirle las pequeñas o grandes obras ya pasadas.
Después de varios artículos procede decirlo de forma clara: España no tiene sólo un problema demográfico. Tiene un problema de continuidad.
Ya lo hemos visto al hablar de los ancianos, de la juventud alargada y del sénior castigado. Ahora toca ir al centro mismo de la cuestión: la natalidad, la familia y la manera en que el poder público orienta —o desorienta— los incentivos más elementales de la vida en común.
Aquí lo primero es limpiar el debate de frases hechas. No es cierto que todo se explique porque ya no se quiera tener hijos. Los datos no dicen eso. Lo que muestran es otra cosa: que tenerlos llega tarde, cuesta mucho y, en demasiados casos, acaba no llegando.
En 2024 España registró 318.005 nacimientos. La fecundidad cayó a 1,10 hijos por mujer. La edad media a la maternidad se situó en 32,6 años, y entre las madres españolas subió a 33,2. Ese mismo año hubo 175.364 matrimonios, con una tasa bruta de nupcialidad de apenas 3,6 por mil habitantes. Traducido a lenguaje normal: la vida familiar no desaparece, pero se retrasa, se encoge y llega cada vez más tarde.
No hace falta exagerar para entender lo que eso significa. Cuando una sociedad se casa tarde, tiene hijos tarde y tiene pocos, no está cambiando sólo una estadística. Está cambiando el ritmo entero de su vida. Se debilita el relevo entre generaciones, se enfría la transmisión familiar y todo empieza a depender de equilibrios cada vez más frágiles.
Apunto brevemente la incidencia en la salud de las madres con el retraso en la edad de dar a luz.
Por eso aquí no conviene repetir lo ya dicho en artículos anteriores. Basta con retener lo esencial: España no está creando condiciones normales para la continuidad familiar. Ése es el problema de fondo.
Y en ese punto aparece una asimetría que merece atención. El Gobierno aprobó el 7 de abril de 2026 el proyecto de reforma constitucional para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Ésa es la dirección política que ha querido marcar. Se podrá discutir desde muchos ángulos, pero lo que interesa aquí es otra cosa: la capacidad del sistema para concentrar voluntad normativa, energía política y simbolismo cuando considera que un asunto es prioritario.
Porque cuando se mira el terreno de la familia y la natalidad, la impresión es muy distinta. Ahí lo que aparece son ayudas sueltas, incentivos parciales, medidas dispersas, diferencias territoriales y una sensación bastante constante de improvisación. Y agravios comparativos. Sí, la Región de Murcia contempla en su declaración de la renta 2025 (IRPF) una deducción autonómica del 30% por gastos veterinarios en animales domésticos, con un límite máximo de 100 euros anuales. Esta deducción cubre consultas, vacunas, tratamientos y cirugías.
La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE lleva tiempo instando a que una política familiar eficaz necesita continuidad, coherencia y acompañamiento real a lo largo del ciclo vital. Y lo dice porque detecta que en España ese andamiaje todavía no está bien resuelto.
Dicho de forma más sencilla: en España hay un lenguaje muy desarrollado para hablar de derechos individuales, pero mucho menos músculo político para sostener las condiciones sociales del compromiso duradero.
Se protege la decisión de interrumpir. También se promueve dejar de sufrir, eutanasia. Se protege bastante menos, o bastante peor, la decisión de empezar y luchar por un futuro.
Se habla de libertad reproductiva. Se habla menos de lo que cuesta mantener una casa, afrontar un embarazo, criar a un hijo o sostener una convivencia estable sin que todo recaiga en los abuelos, en el sacrificio privado o en unos ahorros que muchas veces no existen.
Conviene, eso sí, ser justos. No todo es abandono. En febrero de 2026 el Gobierno español incorporó a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 la propuesta de una prestación universal por crianza de hasta 200 euros mensuales por hijo menor de 18 años. Sobre el papel, la idea va en la buena dirección. Reconoce que criar cuesta, que la pobreza infantil existe y que la familia no se sostiene sólo con discursos. Pero una propuesta no equivale todavía a una política consolidada. Mientras no tenga calendario, respaldo legal y financiación estable, sigue siendo más una señal, un mensaje electoral, que una estructura.
Y ahí está precisamente el problema. España empieza levemente a reconocer el diagnóstico, pero todavía no ha demostrado que quiera afrontarlo a la escala necesaria.
Porque esto no se arregla con una ayuda suelta, con una deducción pequeña o con una medida vistosa que luego se pierde en el laberinto presupuestario. El problema no es sólo cuánto cuesta un hijo, que ya es bastante. El problema es que el hijo llega, para demasiadas parejas, dentro de una estructura general de inseguridad: vivienda cara, salarios estrechos, horarios incompatibles, conciliación precaria y una cultura que presenta el compromiso como una carga antes que como una forma de plenitud.
Ésa es la parte material. Luego viene la otra, la más difícil de nombrar y quizá la más importante: la moral.
Durante años se ha ido extendiendo una cultura que considera razonable retrasarlo todo. Primero la estabilidad. Luego la convivencia. Más tarde el hijo. Después, quizá, otro. Y si al final no llega ninguno, tampoco parece pasar gran cosa. Siempre habrá viajes, ocio, mascotas, gimnasio, autocuidado, experiencias, libertad, tiempo para uno mismo.
Cada una de esas cosas, por separado, parece incluso inocente. El problema aparece cuando se juntan todas. Entonces lo que parecía una ética de la libertad empieza a parecerse demasiado a una pedagogía de la esterilidad.
No estoy diciendo que todo se reduzca al aborto. Sería una simplificación tosca. El aborto tiene un peso enorme en el debate por su carga moral y simbólica, pero la crisis natalista española va mucho más allá. Tiene que ver con todo un sistema de señales. Con lo que se premia y lo que se dificulta. Con lo que se presenta como progreso y lo que se deja caer como si fuera un residuo del pasado.
Y ahí la asimetría vuelve a hacerse evidente. Para blindar el aborto se invoca la igualdad territorial (¿?), la efectividad del derecho (¿?) y la obligación de los poderes públicos de garantizarlo.
Para sostener la familia y la descendencia, en cambio, rara vez se escucha ese mismo tono de urgencia nacional. Lo que aparece es otra cosa: una suma de medidas parciales, debates presupuestarios eternos y una resignación de fondo, como si el desplome de la natalidad fuera una fatalidad climática y no una cuestión política de primer orden.
Mallorca 1960
Aquí la tradición joseantoniana conserva, como mínimo, una claridad que hoy casi nadie se atreve a formular. Si la familia es, como aparece en las Obras Completas, “la célula social indestructible”, entonces no puede tratarse como un asunto menor, ni como una preferencia privada más. No es una opción decorativa. No es un estilo de vida entre otros. Es la base misma de la continuidad histórica, en 1934 y en 2026. Cuando una comunidad deja de sostener su célula primera, empieza a dejar de sostenerse a sí misma.
Por eso este asunto no puede despacharse con la vieja pelea entre progresistas y conservadores, entre tradición y libertad, entre derechos y moral. La cuestión real es mucho más simple y más dura: un país que no tiene hijos suficientes no puede prolongarse por sí mismo.
Podrá gestionar mejor o peor su población. Podrá corregir servicios, reorganizar discursos, abrir la puerta a nuevas fórmulas jurídicas o confiar en compensaciones externas. Pero eso no es continuidad propia. La continuidad no se legisla. La continuidad se engendra.
Eso no obliga a caricaturizar situaciones personales ni a negar la complejidad de muchas decisiones. Ni a mostrar un hecho excepcional como norma habitual.
Lo que sí puede afirmarse, con total claridad, es que el marco general español no transmite con fuerza que formar una familia y tener hijos sea un bien social prioritario. Y cuando eso deja de transmitirse, todo empieza a aflojarse.
Se dirá, con razón, que el Estado no puede fabricar amor. Evidentemente no. Tampoco puede fabricar una vocación de paternidad o de maternidad. Pero sí puede hacer algo muy importante: no castigarla.
Puede no convertir el nacimiento de un hijo en una carrera de obstáculos. Puede no tratar la conciliación como un lujo para privilegiados. Puede no dejar sola a la empresa ante ciertos costes y sola a la familia ante casi todos los demás. Puede no resignarse a que la vivienda retrase cada decisión vital importante. Puede, en definitiva, dejar de actuar como si la reproducción del país fuese una consecuencia automática que no necesita una política seria detrás.
Y eso enlaza de forma muy natural con los capítulos anteriores. Hemos visto una España que esconde a sus ancianos, que alarga la juventud hasta vaciarla y que castiga al sénior cuando envejece. Faltaba completar el cuadro con esta otra escena: una España que tampoco sabe proteger el inicio de la cadena.
Por eso este artículo no trata sólo del aborto. Trata del modo en que un país ordena sus prioridades más profundas. Trata de qué considera civilización y qué considera gasto. Trata de si todavía entiende que la familia, el hijo y el hogar no son restos sentimentales del pasado, sino condiciones materiales y morales del futuro.
La frase puede sonar antigua. En realidad, toca el centro del problema: sin descendencia no hay Imperio, ni Nación, ni Patria, ni familia, ni futuro, ni a quién contar pequeñas o grandes obras ya pasadas.
Y un país que pierde eso no se queda sólo sin niños. Se queda sin transmisión. Sin relato. Sin continuidad.
De modo que la cuestión no es sólo si España reconoce un derecho a abortar. La cuestión decisiva es si sabrá reconocer, con la misma seriedad política, presupuestaria y cultural, que una comunidad que no facilita el nacimiento, la crianza y la estabilidad familiar está administrando su propio agotamiento.
Y ésa, otra vez, no es una disputa coyuntural. Es una cuestión existencial.
Alfonso Bernad