La sociedad que esconde a sus viejos
España habla de “edadismo”, aprueba marcos estratégicos y multiplica el lenguaje administrativo sobre el envejecimiento. Pero la cuestión de fondo es anterior y más grave: una sociedad que aparta simbólicamente al anciano de la vida familiar se está apartando de sí misma. Y lo hace, además, justo cuando camina hacia un país más viejo, más longevo y también más dependiente.
Se habla mucho de edadismo. La palabra sirve, desde luego, para nombrar una parte del problema. Describe prejuicios, discriminaciones, condescendencias, exclusiones. Tiene utilidad técnica y cierto valor pedagógico. Pero también corre el riesgo de convertirse en una de esas expresiones pulcras que ordenan el expediente y desactivan el drama. Porque lo que padecemos no es sólo una forma nueva de discriminación. Es algo más hondo: una sociedad que ya no sabe integrar de verdad a sus ancianos y que, por tanto, empieza a quebrar la continuidad moral entre generaciones.
El anciano no es una minoría exótica ni un colectivo más entre otros. Es nuestra propia biografía anticipada. Es el padre envejecido, la madre cansada, el abuelo que ya no oye bien, la mujer que necesita ayuda para levantarse, el hombre que conserva intacta la memoria cuando el cuerpo ya no acompaña. Por eso una comunidad se retrata en el modo en que trata a sus viejos. No por lo que proclama en una campaña institucional, sino por el lugar que les reserva en la mesa, en la casa, en el lenguaje y en la vida diaria.
Y ahí conviene hablar sin rodeos. España no está resolviendo esta cuestión. La está administrando. La está envolviendo en terminología amable, en declaraciones de buenas intenciones y en discusiones políticas que permiten frases más o menos ingeniosas, pero no tocan el núcleo real del problema. Porque el problema no consiste sólo en prohibir la discriminación por edad ni en multiplicar documentos estratégicos. Consiste en decidir si el anciano sigue formando parte de la familia viva o si pasa a ser, en la práctica, una carga externalizada, una presencia reducida al trámite, a la visita de cortesía o al dispositivo asistencial.
Desde una perspectiva joseantoniana y de base social, la cuestión es bastante clara. Si la familia es una realidad orgánica y no una mera asociación sentimental revocable; si, como aparece en las Obras Completas, la familia es “la célula social indestructible”, entonces el anciano no puede ser concebido como un sobrante del ciclo productivo, sino como parte constitutiva de la continuidad del hogar y, por extensión, de la comunidad política.
Más aún: en uno de los pasajes más sugerentes para esta cuestión, José Antonio contrapone la barbarie originaria —que consideraba a los padres viejos una “pura carga económica”— con una cultura más alta capaz de arraigar la veneración hacia ellos incluso cuando ya no los “necesitamos” en sentido utilitario. La idea es de una actualidad incómoda. Porque eso es precisamente lo que hoy vuelve a ponerse en cuestión: no el respeto retórico al anciano, que ése se concede sin esfuerzo, sino su valor cuando deja de ser útil, productivo, autónomo o rentable.
No es casual, además, que en el universo posterior de la Sección Femenina reapareciera, aunque a menudo en un lenguaje rígido y subordinado, la centralidad del hogar y de la familia. Estudios sobre los discursos de Pilar Primo de Rivera recogen fórmulas como que el deber de la mujer era “formar familias” y mantener el hogar como núcleo moral. Esa tradición puede discutirse en muchos aspectos, pero conserva para este asunto una intuición certera: cuando el hogar deja de ser comunidad real de cuidado, el anciano queda muy pronto expulsado de la escena cotidiana.
Ésa es la gran verdad que preferimos no formular. El rechazo contemporáneo al anciano rara vez adopta formas brutales. No solemos expulsarlo con violencia. Hacemos algo más pulido: lo apartamos. Lo rodeamos de un lenguaje compasivo. Lo convertimos en asunto sanitario, en objeto de protocolo, en expediente de dependencia, en cifra de presupuesto. Le reconocemos derechos, sí; pero al mismo tiempo lo retiramos del centro de la vida familiar y social. No se le niega formalmente dignidad. Se le niega presencia.
Y, sin embargo, todo empuja en dirección contraria. España es ya una sociedad envejecida, y lo será mucho más. El INE proyecta que la población de 65 años y más, hoy en torno al 20,4% del total, alcanzará un máximo del 30,5% hacia 2055 si se mantienen las tendencias actuales. No estamos, pues, ante un fenómeno lateral, sino ante una transformación estructural del país.
Conviene, además, ponerle cuerpo visual a esa transformación. Según el Censo anual de población 2025 del INE, a 1 de enero de 2025 residían en España 7.339.538 personas de 70 o más años, equivalentes al 14,94% de la población total. De ellas, 6.998.385 eran de nacionalidad española —el 14,25% del total residente— y 341.153 de nacionalidad extranjera —el 0,69%—. Si se sube el umbral, la imagen impresiona todavía más: había 3.031.003 residentes de 80 o más años, el 6,17% de la población total, de los cuales 2.939.451 eran españoles (5,98%) y 91.552 extranjeros (0,19%). Y en el tramo de 90 o más años residían ya en España 670.612 personas, el 1,37% del total, entre ellas 660.723 españoles (1,34%) y 9.889 extranjeros (0,02%). Dicho de otro modo: no hablamos de una realidad marginal ni de un apéndice estadístico, sino de varios millones de personas cuya presencia en la sociedad española ya es estructural. Los porcentajes están calculados sobre la población total residente en España, 49.128.297 habitantes, según el mismo censo.
Además, vivir más no significa necesariamente vivir con plena autonomía. El Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2024 señala que la esperanza de vida en buena salud a los 65 años en España es de 9,7 años; el informe de 2023 la situaba en 10,5 años. En otras palabras: el aumento de la longevidad convive con un tramo muy relevante de vida marcado por enfermedad crónica, limitaciones funcionales, fragilidad y necesidad de apoyo. No vamos hacia una España simplemente más vieja; vamos hacia una España con más edad, más cronicidad y más dependencia.
Aquí es donde la política española se delata. Porque hay normas, sí. Hay proclamaciones, también. La Ley 15/2022 incluye la edad entre los motivos de discriminación prohibidos. El Gobierno ha aprobado en 2026 un Marco Estratégico Estatal de las Soledades. El sistema de dependencia ha recibido más financiación y ha mejorado algunos indicadores. Todo eso existe y sería inexacto negarlo.
Pero la cuestión de fondo sigue intacta. Tener una ley no equivale a tener una política nacional seria de familia, de cuidados y de integración intergeneracional. Tener un marco estratégico no equivale a reconstruir hogares capaces de sostener vínculos reales. Y mejorar una lista de espera no equivale a haber respondido al cambio civilizatorio que viene. De hecho, el propio IMSERSO informó en enero de 2026 de que, pese a la reducción registrada, todavía había 152.693 personas en lista de espera de dependencia y que las solicitudes siguen creciendo por la presión demográfica. El aparato público avanza, pero avanza persiguiendo un problema que crece más deprisa que él.
Ésa es la insuficiencia que irrita. No porque no haya gasto alguno, sino porque no hay proyecto a la altura del desafío. Se legisla mucho mejor que se piensa. Se redacta mucho mejor que se prevé. Se proclaman derechos sin querer mirar la infraestructura humana que debería sostenerlos. Y esa infraestructura no puede ser sólo administrativa. Tiene que ser familiar, comunitaria, moral. Ninguna ley puede sustituir la presencia del hijo, la paciencia de la hija, la autoridad afectiva del abuelo, el deber asumido de convivir con la dependencia sin vivirla como una anomalía vergonzante.
Por eso el debate sobre el anciano no puede encerrarse en la denuncia del edadismo. El término es demasiado estrecho para abarcar lo que está en juego. Aquí no se discute sólo si un mayor recibe un trato discriminatorio. Se discute si la sociedad sigue reconociendo que la vida humana vale también cuando decae, cuando necesita ayuda, cuando ya no compite, cuando su aportación principal no es económica sino moral, memorial y afectiva.
Una civilización verdaderamente fuerte no “tolera” al anciano. Lo integra. Sabe que en él se conserva algo que no puede reemplazarse con tecnología, con ocio organizado ni con intervención burocrática: la experiencia sedimentada, la memoria del linaje, el ritmo largo de la vida, incluso esa mezcla de fragilidad y autoridad que enseña a los más jóvenes que la existencia no empieza ni termina en el rendimiento.
El drama español es que quiere simultáneamente dos cosas incompatibles. Quiere vivir más años y no soportar la dependencia. Quiere prolongar la vida y seguir rindiendo culto exclusivo a la autonomía. Quiere invocar la dignidad del mayor, pero sin alterar demasiado la comodidad doméstica, el individualismo residencial ni la lógica de una cultura que sólo entiende bien lo joven, lo ágil y lo productivo. De esa contradicción nacen muchas de nuestras hipocresías públicas.
Y, sin embargo, todos pertenecemos a la misma sociedad y a la misma familia. Ésa debería ser la idea rectora. No una familia sentimental, disuelta en vaguedades, sino una familia entendida como comunidad real de deberes, cuidados y continuidad. No una sociedad que subcontrata moralmente a sus viejos mientras les dedica jornadas conmemorativas, sino una sociedad capaz de volver a admitir que el anciano tiene derecho no sólo a ser atendido, sino a seguir estando dentro.
Porque quien acostumbra a esconder al anciano termina por debilitar toda la cadena humana. Primero se rompe el vínculo con el viejo. Después se trivializa el deber hacia el enfermo. Más tarde se vacía el sentido de la maternidad, de la paternidad y del sacrificio. Al final, la familia deja de ser célula social y pasa a ser mera agregación de intereses privados. Y entonces ya no queda comunidad nacional, sino archipiélago de individuos asistidos.
La cuestión del anciano, por tanto, no es marginal. Es central. Nos dice qué idea tenemos del hombre, de la familia y de España. Nos dice si creemos todavía en la continuidad entre generaciones o si preferimos una sociedad higiénica, eficiente y sentimentalmente desfondada, donde cada etapa de la vida sólo conserva valor mientras no incomoda demasiado.
España envejece. España vivirá, en promedio, más años. España tendrá más dependencia, más cronicidad y más necesidad de cuidados de larga duración. Eso ya no es una hipótesis literaria, sino una tendencia objetiva.
La pregunta decisiva es si España quiere afrontarlo como una comunidad histórica o como una administración fatigada.
Si opta por lo segundo, seguiremos produciendo leyes, estrategias, paneles y declaraciones. Y seguiremos vaciando las casas.
Si opta por lo primero, tendrá que empezar por una verdad antigua y exigente: el anciano no es lo que sobra al final del camino. Es una parte de nosotros que pide ser reconocida antes de que también nosotros lleguemos a serlo.
Alfonso Bernad