En un mundo obsesionado con el lenguaje inclusivo, donde se gastan horas debatiendo si decir «todos» o «todes» para no herir sensibilidades, se perpetúan injusticias reales que claman al cielo. La última de estas aberraciones ocurrió en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), donde a un estudiante sordo se le obligó a quitarse su audífono, un dispositivo esencial para su interacción con el mundo, bajo el pretexto de garantizar la «igualdad» en el examen. Este hecho no solo es indignante, sino que pone en evidencia la hipocresía de una sociedad que se llena la boca con palabras bonitas mientras ignora las necesidades reales de las personas con discapacidad.
El caso es tan absurdo como cruel. Un audífono no es un lujo, no es un capricho, ni mucho menos un dispositivo para hacer trampa. Es una herramienta vital que permite a las personas sordas o con problemas auditivos participar en la sociedad en igualdad de condiciones. Prohibir su uso en un examen tan crucial como la PAU no solo vulnera los derechos fundamentales del estudiante, sino que lo coloca en una desventaja injusta, contradiciendo el espíritu mismo de equidad que supuestamente se busca proteger. ¿De qué sirve llenar documentos oficiales con «todes» y «nosotres» si, en la práctica, se excluye a quienes más necesitan apoyo?
La obsesión por el lenguaje inclusivo, que pretende ser un estandarte de justicia social, se desmorona frente a casos como este. Mientras las autoridades educativas se enredan en debates estériles sobre cómo escribir o hablar para no ofender, un estudiante sordo enfrenta una barrera real, tangible, que no se soluciona con palabras de moda. La inclusión no se logra cambiando vocales en un discurso; se logra con acciones concretas, como garantizar que un estudiante con discapacidad pueda usar las herramientas que le permiten competir en igualdad de condiciones.
Exclusión social
Este incidente no es un error aislado, sino un síntoma de un sistema que prioriza las apariencias sobre las soluciones. Las normativas de las PAU, que en teoría buscan evitar ventajas indebidas, terminan castigando a quienes ya enfrentan desventajas estructurales. ¿Qué clase de lógica retorcida considera que un audífono es comparable a un dispositivo de trampa? ¿Qué mensaje envía esto a los estudiantes con discapacidad, que ya deben superar innumerables obstáculos para llegar a ese examen?
Es hora de dejar de lado las discusiones vacías sobre el lenguaje y centrarnos en lo que realmente importa: la inclusión real. Esto implica revisar las normativas de las pruebas de acceso a la universidad para garantizar que respeten las necesidades de todos los estudiantes, sin excepciones absurdas. Implica escuchar a las personas con discapacidad y adaptar los entornos a sus realidades, no forzarlos a adaptarse a reglas arbitrarias. E implica, sobre todo, reconocer que la verdadera inclusión no se mide en palabras, sino en hechos. La próxima vez que alguien insista en decir «todes» para parecer progresista, recordémosle este caso. Recordémosle que, mientras se pierde el tiempo en debates lingüísticos, hay estudiantes que son despojados de sus derechos más básicos. Porque la inclusión no se escribe con «e»; se construye con justicia, empatía y sentido común.
Cristina Pérez González