La semilibertad de Anboto: una traición descarada a las víctimas y la rendición del Gobierno ante el terror
Hoy, 25 de marzo de 2026, la historia de España ha dado un paso más hacia el olvido y la impunidad. Soledad Iparraguirre, alias Anboto, exjefa de ETA, una de las figuras más sanguinarias de la banda terrorista, ha salido de la cárcel de Martutene en San Sebastián en régimen de semilibertad. Gracias al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, aplicado por el Gobierno Vasco, esta etarra podrá pasear por las calles de lunes a viernes y solo volverá a dormir entre rejas. Después de 22 años de prisión (16 en Francia y 6 en España) de una condena que supera los 600 años por decenas de asesinatos, Anboto ya está prácticamente en la calle. Y todo con el visto bueno de las instituciones.
Esto no es un detalle administrativo. Es un escándalo moral, político y ético de primer orden. Anboto no fue una simple militante: fue dirigente de la cúpula de ETA, responsable directa de la estrategia de terror que dejó ríos de sangre en este país. Ordenó atentados, coordinó comandos, participó en la maquinaria de muerte que asesinó a cientos de inocentes: policías, guardias civiles, políticos, empresarios, ciudadanos de a pie. No ha pedido perdón sincero. No ha colaborado con la Justicia para esclarecer los crímenes pendientes. No ha mostrado un ápice de arrepentimiento que justifique este trato de favor. Y aun así, el Gobierno Vasco le regala la libertad de facto.
Víctimas de ETA
¿Dónde queda el dolor de las víctimas? ¿Dónde queda la memoria de los 853 asesinados por ETA? El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) lo ha calificado de “escandaloso e injustificable”. Dignidad y Justicia ha señalado directamente al Gobierno por abrir la puerta a beneficios penitenciarios a etarras que no han colaborado ni han ayudado a cerrar las heridas abiertas. Tienen razón. Esto no es reinserción: es humillación a quienes perdieron a sus seres queridos y siguen esperando justicia.
Pero no nos engañemos: esto no es solo responsabilidad del Gobierno Vasco. Es la consecuencia lógica de la política de Pedro Sánchez y su Ejecutivo. Desde que en 2021 se traspasaron las competencias de prisiones al País Vasco, el goteo de terceros grados, semilibertades y beneficios a presos de ETA se ha multiplicado. El Gobierno central cedió el control y ahora mira para otro lado mientras el PNV y sus socios gestionan la política penitenciaria como si ETA fuera un asunto del pasado que ya no merece rigor. Antes fue Txeroki, ahora Anboto. Mañana serán más. El mensaje es claro: el Estado se rinde ante el relato abertzale.
Este Gobierno, que tanto presume de “memoria democrática” y de “valores”, está construyendo una memoria selectiva. Recuerda a las víctimas cuando le conviene electoralmente, pero las olvida cuando toca contentar a sus socios independentistas o cuando el cálculo político exige gestos de “paz”. La dispersión de presos se acabó no porque ETA se arrepintiera, sino porque Sánchez necesitaba apoyos. El acercamiento masivo a cárceles vascas fue el primer paso. La semilibertad generalizada es el segundo. El tercero será la excarcelación casi total sin condiciones.
Se nos vende como “humanidad” y “reinserción”. Mentira. La verdadera humanidad es con las víctimas, no con los verdugos. La reinserción de un terrorista que no reconoce su culpa ni ayuda a la Justicia es un insulto a la sociedad que sufrió el terror. ETA no se disolvió por bondad de sus miembros; se disolvió porque fue derrotada por la policía, la Guardia Civil, los jueces y la sociedad civil. Ahora, en lugar de exigir arrepentimiento y colaboración, les regalamos la calle.
Entierro del Edil PSOE Isaías Carrasco, asesinado por ETA en 2008
Anboto no merece pasear por Donosti mientras las familias de sus víctimas siguen llorando. No merece semilibertad mientras hay crímenes sin resolver y etarras que aún se niegan a pedir perdón. Este Gobierno, que se dice progresista y defensor de los derechos humanos, está demostrando que sus derechos humanos son solo para unos pocos: los que le sirven políticamente.
Exigimos al Ejecutivo central que intervenga, que revise esta deriva y que ponga fin a esta política de impunidad encubierta. Exigimos a la oposición que no se quede callada y que denuncie con firmeza esta nueva bofetada a la dignidad de España. Porque si hoy es Anboto, mañana serán todos. Y cuando las víctimas queden definitivamente relegadas al olvido, habremos perdido algo mucho más valioso que una batalla política: habremos perdido la decencia como nación.
Atentado Casa Cuartel VIC en 1991
Mientras Anboto camina libre por las calles de San Sebastián, respirando el mismo aire que una vez negaron a sus víctimas, la sangre de 853 asesinados sigue clamando desde la tierra empapada de dolor. Esa sangre inocente, derramada a sangre fría en atentados cobardes, grita hoy con más fuerza que nunca. Y entre esa sangre está la de los propios muertos del PSOE: Fernando Buesa, Ernest Lluch, Juan Mari Jáuregui, y tantos militantes y cargos socialistas que cayeron defendiendo la democracia. Hoy, el partido que dice llevar su legado en el corazón es el mismo que, con sus cesiones, sus silencios y sus pactos miserables, escupe sobre sus tumbas.
Fuentes periodísticas y de víctimas coinciden en 11 militantes y cargos del PSOE (algunas listas amplían a 12 si incluyen a Francisco Tomás y Valiente, ex presidente del Tribunal Constitucional, por su afinidad).
- Germán González López (militante PSOE y UGT): 27 de octubre de 1979, Villarreal de Urrechu (Guipúzcoa).
- Enrique Casas Vila (secretario de organización del PSE, senador y parlamentario vasco): 23 de febrero de 1984, San Sebastián.
- Vicente Gajate Martín (militante PSOE y UGT, policía municipal de Rentería): 17 de octubre de 1984.
- Fernando Múgica Herzog (histórico dirigente del PSE): 6 de febrero de 1996, San Sebastián.
- Fernando Buesa Blanco (ex vicelehendakari y portavoz del PSE en el Parlamento Vasco): 22 de febrero de 2000, Vitoria (junto a su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza).
- Juan María Jáuregui Apalategui (militante PSE, ex gobernador civil de Guipúzcoa): 29 de julio de 2000, Tolosa.
- Ernest Lluch Martín (militante PSC, ex ministro de Sanidad): 21 de noviembre de 2000, Barcelona.
- Froilán Elespe Inciarte (ex primer teniente de alcalde de Lasarte-Oria): 20 de marzo de 2001.
- Juan Priede Pérez (concejal del PSE en Orio): 21 de marzo de 2002.
- Joseba Pagazaurtundua Ruiz (militante PSE y jefe de Policía Municipal de Andoain): 8 de febrero de 2003.
- Isaías Carrasco Miguel (ex concejal del PSE en Mondragón): 7 de marzo de 2008.
Pedro Sánchez y el PSOE no solo han traicionado a las víctimas de ETA; han traicionado, de la forma más cobarde y repugnante, a sus propios muertos. Han vendido la memoria de sus compañeros asesinados por un puñado de votos y unos cuantos meses más en el poder. Es una vileza histórica, una infamia que manchará para siempre el nombre del socialismo español. Vergüenza eterna para quienes, en nombre de la “paz”, han elegido abrazar a los verdugos y pisotear la sangre de sus hermanos.
No a la semilibertad de los etarras sin arrepentimiento.
No al olvido.
No a la rendición.
Las víctimas no lo merecen. España tampoco.
Cristina Pérez