Asturias se desangra entre el carbón y el olvido
El 31 de marzo de 2025 Asturias se estremeció con una noticia desgarradora: una explosión en la mina de Cerredo, en el concejo de Degaña, dejó un saldo de cinco trabajadores fallecidos y cuatro heridos graves. Este accidente, ocurrido en el tercer nivel de la explotación subterránea, no solo sume en el duelo a las familias de las víctimas —todas ellas de la comarca leonesa de Laciana—, sino que destapa, una vez más, el olvido sistemático del sector minero por parte del Gobierno y las contradicciones de un país que presume de transición energética mientras sus trabajadores siguen muriendo bajo tierra.
Los heridos fueron trasladados a distintos centros médicos: dos con quemaduras graves al hospital de León, uno con traumatismo craneal a Cangas del Narcea y otro, en estado crítico, al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo. El presidente del Principado, Adrián Barbón, decretó dos días de luto oficial, pero las palabras de condolencia no ocultan una realidad más cruda: la minería, antaño corazón económico de Asturias, ha sido relegada al abandono mientras sigue cobrando vidas.
Un permiso de investigación bajo escrutinio
La mina de Cerredo, que en su época dorada fue una de las explotaciones de carbón más relevantes del suroccidente asturiano, llevaba años con actividad reducida. Desde el verano pasado, la empresa Blue Solving operaba bajo un permiso de investigación otorgado por el Principado para explorar usos alternativos del mineral, como la producción de grafito. Fuentes oficiales, citadas por El País, aseguran que las labores no implicaban explotación activa, sino análisis del yacimiento. Sin embargo, este detalle levanta sospechas: ¿estaban los trabajadores adecuadamente protegidos para operar en un entorno con riesgo de gas grisú? ¿Se cumplieron los protocolos en una mina con un historial de tragedias?
Cerredo no es nueva en esto. En 2022, un trabajador murió al perder el control de un vehículo en el exterior, y en 2015, otro falleció sepultado por un derrumbe, según recuerda La Nueva España. Estos antecedentes dibujan un patrón alarmante que el Gobierno parece ignorar, más preocupado por cerrar pozos que por garantizar la seguridad de quienes aún los pisan.
La minería: un sector olvidado por el poder
El accidente de Cerredo no es un hecho aislado. No podemos olvidar que la minería en España mantiene una de las tasas de mortalidad laboral más altas , un dato que contrasta con la reducción de trabajadores tras el declive del carbón. En 1995, el pozo San Nicolás de Mieres registró 14 víctimas por una explosión de grisú, el peor desastre minero asturiano hasta la fecha. Que treinta años después sigamos lamentando pérdidas en circunstancias similares no es solo un fallo estructural: es el resultado de un Ejecutivo que ha dado la espalda a la minería mientras ondea la bandera de las energías renovables.
El Gobierno central lleva años promoviendo una “transición justa” que, en teoría, debía reconvertir las cuencas mineras y proteger a sus trabajadores. Sin embargo, la realidad es otra: los fondos prometidos apenas llegan, los proyectos alternativos languidecen y las explotaciones que aún operan lo hacen con recursos insuficientes y controles laxos. El doble discurso es evidente: se celebra el cierre del carbón como un triunfo ecológico, pero se olvida que el grafito —clave para baterías de vehículos eléctricos— sigue extrayéndose en condiciones precarias. La “revolución verde” se construye, literalmente, sobre los hombros de quienes arriesgan sus vidas en minas como Cerredo.
Un aspecto que no puede ignorarse es cómo el abandono institucional deja a los trabajadores a merced de empresas como Blue Solving, que recibió 1,6 millones de euros en subvenciones públicas, según denuncias recogidas por El Mundo. Si esto es cierto, ¿dónde está ese dinero? ¿Se invirtió en seguridad o se dilapidó en estudios mientras los mineros enfrentaban riesgos conocidos? La narrativa oficial exalta la innovación y la sostenibilidad, pero calla ante el sacrificio humano que las sostiene.
El luto oficial no basta. Asturias y España necesitan un debate urgente sobre el destino de la minería: ¿es aceptable seguir operando yacimientos con riesgos evidentes sin garantizar condiciones óptimas? ¿Por qué el Gobierno prefiere clausurar pozos antes que modernizarlos y proteger a sus trabajadores? La tragedia de Cerredo debe ser un punto de inflexión, no otro capítulo en la larga historia de negligencia.
Mientras las familias de los muertos lloran su pérdida, la sociedad tiene la obligación de exigir justicia y prevención. Porque en el siglo XXI nadie debería morir así, y menos por la indiferencia de quienes gobiernan. Hace falta más que palabras: hacen falta hechos.
La tierra asturiana sigue sangrando carbón y olvido. Que no sean sus nombres —Jorge, Rubén, Amadeo, Iván, David— meras sombras en la memoria de una región traicionada, sino antorchas que iluminen el camino hacia la justicia. Que las cuencas, cansadas de luto, alcen su voz contra el silencio cómplice de un poder que las abandonó, y que cada grieta de estas minas clame por un futuro donde ningún trabajador sea ofrenda al progreso. Porque la verdadera riqueza no está bajo el suelo, sino en las vidas que lo pisan, y ya es hora de que el Gobierno lo recuerde.
Cristina Pérez González