Sí, el silencio cómplice. Apenas cinco días después del suicidio de Sandra Peña Villar, de 14 años, el escándalo por el acoso escolar en el Colegio Irlandesas de Loreto sigue creciendo. La adolescente se quitó la vida el 14 de octubre tras meses de bullying denunciado repetidamente por su familia, pero ignorado por la dirección del centro. Las autoridades andaluzas, con protocolos en el papel pero ausentes en la práctica, solo reaccionan ahora con inspecciones tardías. Esta dejadez no es un fallo aislado: es un sistema que condena a los más vulnerables y exige dimisiones inmediatas.
El Colegio Irlandesas: Ignorar Denuncias Hasta la Muerte
Desde la primavera de 2025, Sandra sufría acoso de tres compañeras. Su madre alertó a la dirección en varias ocasiones: emails, reuniones y un informe psicológico al inicio del curso solicitando al menos la separación de las acosadoras. ¿La respuesta? Cero. Ni activaron el protocolo andaluz contra el acoso, ni el de prevención suicida de la Junta, ni hablaron con las familias implicadas, ni ofrecieron apoyo real a la niña. Solo una separación parcial que no detuvo el tormento.
Otras madres lo confirman: un patrón de «indiferencia crónica» en el colegio, con reseñas en Google denunciando protocolos «inservibles» y casos previos barridos bajo la alfombra para proteger la imagen del centro. Esto no es negligencia; es criminal. Financiado con fondos públicos, el Irlandesas violó la LOPIV y el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño al priorizar el silencio sobre la vida de Sandra. La dirección debe dimitir en bloque, el concierto educativo revocarse y la Fiscalía imputar por omisión del deber de socorro. ¿Cuántas alertas más hacen falta para que un colegio actúe? Aquí, dos no bastaron.
Las Autoridades Andaluzas: Protocolos Muertos y Supervisión Fantasma
La Junta de Andalucía es tan culpable como el colegio. A pesar de saber de las denuncias familiares, no intervino preventivamente. Solo tras la tragedia, la Consejería de Desarrollo Educativo abrió un expediente, detectó irregularidades y lo pasó a la Fiscalía de Menores, que ahora investiga. La Defensoría del Menor también se suma, pero ¿dónde estaba el monitoreo rutinario? La LOPIV obliga a auditorías anuales y formación anti-bullying, pero en Andalucía, con 75 casos investigados por la Fiscalía en 2024 –la mayoría en Málaga–, los controles son un espejismo.
Esto huele a encubrimiento sistémico: la Junta aprobó un protocolo antisuicidio en 2011, pero no lo aplica. La familia de Sandra planea demandas por esta inacción, y con razón. La consejera de Educación debe comparecer urgentemente en el Parlamento andaluz, o la pasividad se convertirá en dimisión forzada. No más excusas burocráticas: esta dejadez mata, y las instituciones deben pagar por ella.
Bullying y Suicidios en Jóvenes: Una Epidemia Ignorada
En España, el acoso escolar azota a más del 10% de los adolescentes, con un 11% sufriendo victimización ocasional y un 1,2% crónica según el Observatorio de la Infancia de Andalucía. En esta región, la Fiscalía analizó 75 casos en 2024, pero las cifras reales son peores: el bullying y ciberbullying causan 200.000 muertes anuales en niños y jóvenes a nivel global, y en nuestro país, los suicidios juveniles –segunda causa de muerte en menores de 19 años– han crecido un 20% en la última década, ligados directamente al aislamiento y la humillación escolar. Andalucía, con sus protocolos fallidos, es un caldo de cultivo: sin intervenciones reales, cada Sandra es un aviso ignorado, y el sistema educativo se convierte en cómplice de una tragedia evitable.
¿Basta Ya? Exijan Justicia, No Lágrimas
Esta niña de 14 años, con su sonrisa futbolera y sueños de futuro, pagó con su vida la cobardía de quienes juraron protegerla, y esa culpa les perseguirá en cada auditoría fallida, en cada dimisión forzada y en las noches en vela sabiendo que una simple acción –una llamada, una intervención– podría haberla salvado. Que su ausencia pese como plomo en las vidas de estos responsables inertes, recordándoles que la negligencia no se borra con informes tardíos, sino que se juzga en los tribunales de la historia y de la justicia, donde ninguna excusa bastará para redimirlos. Sandra exige, desde el silencio eterno, que no haya más impunidad: que sus nombres queden grabados como verdugos de la infancia, y que su tragedia fuerce un cambio que honre su memoria, o que al menos les robe el sueño para siempre.
Cristina Pérez González